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Advierten asesinato de 55 religiosos separatistas en RD Congo

Kinshasa, 19 May .- La policía de la República Democrática del Congo utilizó en abril de 2020 de manera excesiva y repetida la fuerza letal contra el grupo Bundu dia Kongo (BDK), un movimiento religioso separatista, lo que produjo 55 víctimas mortales y muchos más heridos, acusó hoy Human Rights Watch (HRW).

La represión gubernamental contra este movimiento ocurrió entre el 13 y el 24 de abril en diversas ciudades de la provincia de Congo Central, además de la capital del país, Kinshasa, subrayó el organismo internacional.

El llamado del líder del BDK, Zacharie Badiengila, conocido popularmente como Muanda Nsemi, que significa “el espíritu creativo” en la lengua bantú, de cazar a quienes no sean de la etnia kongo, desató la respuesta represiva del gobierno.

La policía actuó contra el grupo en Songololo, lo que produjo la muerte de 15 personas, e hizo lo mismo en el domicilio de Nsemi en Kinshasa dos días después, jornada que produjo un saldo de 33 personas asesinadas.

“Las autoridades congolesas tenían la responsabilidad al responder a los mensajes del movimiento BDK que incitaban al odio étnico. Sin embargo, la respuesta del gobierno violó los estándares internacionales en el uso de la fuerza, provocando un baño de sangre”, estimó Lewis Mudge, director para África Central de HRW.

El organismo aseguró que logró entrevistar a más de 50 personas involucradas en el conflicto, incluidas víctimas de abusos, testigos, miembros del grupo BDK, personal hospitalario, funcionarios gubernamentales y de Naciones Unidas, periodistas y activistas por los derechos humanos.

Un testigo reveló que algunos de los cadáveres de la represión en Songololo tenían tanto heridas de bala como cortes hechos con machetes. "Algunos de los cadáveres estaban aparentemente mutilados”, detalló a Human Rights Watch.

La organización recordó que los gobiernos tienen el deber de investigar y perseguir las violaciones graves a la integridad, de acuerdo con el derecho internacional.

El derecho de la víctima a soluciones efectivas no sólo obliga al Estado a prevenir, investigar y castigar las violaciones serias a los derechos humanos, apuntó HRW, sino que debe contemplar la reparación del daño.

 

I/SCH/ECA

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